Corte Constitucional protege el debido proceso de los etnoeducadores y establece límites al retiro del aval comunitario

En una reciente sentencia, la Corte Constitucional estudió la acción de tutela presentada por un docente etnoeducador contra la Secretaría de Educación Departamental de Nariño y el Cabildo Indígena del Resguardo de Yascual, luego de que le retiraran el aval comunitario que le permitía desempeñarse como rector etnoeducador de una Institución Educativa. En ese orden, la Corte reiteró que las comunidades indígenas gozan de autonomía para otorgar y retirar los avales de sus educadores, de conformidad con su derecho propio; sin embargo, esta facultad no es absoluta y debe respetar la Constitución, la ley y las garantías mínimas del debido proceso. En el caso concreto, encontró que se vulneró este derecho fundamental porque no se acreditó la existencia de reglas previas, generales y públicas para retirar los avales, el docente no fue informado oportunamente de que se evaluaría su permanencia y tampoco tuvo conocimiento suficiente de las razones de la decisión ni una oportunidad real de ejercer su defensa y contradicción.

En consecuencia, la Corte dejó sin efectos la decisión de retiro del aval adoptada por la Asamblea General del Resguardo de Yascual el 4 de abril de 2025 y ordenó al Cabildo adoptar, conforme a su derecho propio, reglas claras y públicas que regulen la permanencia y el retiro de los avales comunitarios, respetando las garantías mínimas del debido proceso. Asimismo, dispuso rehacer el procedimiento de retiro del aval del accionante, precisando que no procede su reintegro automático, pues este dependerá del resultado del nuevo trámite y de la decisión que adopte la comunidad. Finalmente, declaró improcedentes las pretensiones relacionadas con el reintegro y el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, al considerar que deben resolverse mediante el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso-administrativa.