Corte Constitucional protege a mujer embarazada desvinculada de un cargo en provisionalidad y reitera que no está obligada a informar su estado de embarazo al iniciar una relación laboral

En la Sentencia T-343 de 2026, la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, la igualdad, la no discriminación, el debido proceso y el mínimo vital de una servidora oficial que fue desvinculada de su cargo de escribiente, pese a encontrarse embarazada y haber informado oportunamente su estado a la autoridad nominadora. La Corte precisó que el hecho de ocupar un empleo en provisionalidad no excluye la protección constitucional derivada del fuero de maternidad y que el vencimiento del término señalado en el acto de nombramiento no constituye, por sí solo, una causa objetiva y constitucionalmente válida para terminar la vinculación, especialmente cuando el cargo vuelve a ser ocupado por otra persona en provisionalidad. En estos casos, la administración debe justificar de manera clara y suficiente las razones del retiro y demostrar que obedecen a una circunstancia objetiva y legalmente admisible.

Adicionalmente, la Corte reiteró que ninguna mujer tiene la obligación de informar sobre su estado de embarazo antes o al momento de iniciar una vinculación laboral, pues exigirlo puede constituir una forma de discriminación y una barrera para acceder o permanecer en el empleo. En consecuencia, ordenó garantizar el reintegro de la accionante, siempre que el cargo no estuviera provisto en propiedad o, de ser necesario, vincularla a un empleo vacante de igual jerarquía o equivalente, además de reconocer los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, la indemnización correspondiente y los demás derechos derivados de la desvinculación. Este pronunciamiento constituye un precedente relevante para las servidoras públicas nombradas en provisionalidad, al reafirmar que la maternidad merece protección constitucional independientemente de la modalidad de vinculación laboral.