Corte Constitucional aclara que la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral no es inmodificable y puede determinarse con otras pruebas

En la Sentencia T-329 de 2026, la Corte Constitucional reiteró que la fecha de estructuración fijada en un dictamen de pérdida de capacidad laboral no constituye una prueba definitiva ni inmodificable para determinar el reconocimiento de una prestación pensional. Por el contrario, debe valorarse de manera integral junto con la historia clínica, los conceptos médicos, las valoraciones especializadas, los testimonios y los demás elementos probatorios del expediente, especialmente cuando se trata de personas con discapacidades intelectuales o enfermedades congénitas, crónicas y degenerativas, cuyas condiciones pueden existir y evolucionar durante años antes de quedar documentadas clínicamente.

En el caso analizado, la Corte concluyó que las autoridades judiciales incurrieron en defecto fáctico y desconocieron el precedente constitucional al negar una sustitución pensional basándose exclusivamente en la fecha de estructuración señalada en el dictamen. En consecuencia, dejó sin efectos las decisiones judiciales y ordenó reconocer la sustitución pensional, junto con el retroactivo debidamente indexado. Este pronunciamiento constituye un precedente relevante, pues impide que los fondos de pensiones y los jueces otorguen un valor absoluto a la fecha consignada en los dictámenes, desconociendo otras pruebas que permitan demostrar que la pérdida de capacidad laboral existía con anterioridad.