Consejo de Estado aclara que la ausencia de testigos presenciales no descarta la responsabilidad disciplinaria en casos de acoso sexual contra menores

El Consejo de Estado estableció que, por la naturaleza de las conductas de acoso y violencia sexual contra menores de edad, generalmente los únicos testigos directos son la víctima y el agresor, por lo que la ausencia de otros testigos presenciales no constituye una deficiencia probatoria. El pronunciamiento se produjo al estudiar el caso de un docente oficial sancionado con destitución e inhabilidad general por diez años por actos sexuales abusivos con una menor de 14 años. La Corporación precisó que la responsabilidad disciplinaria debe determinarse mediante una valoración integral de las pruebas, conforme a las reglas de la sana crítica, respetando las garantías del debido proceso, la presunción de inocencia y la duda razonable.

En el caso concreto, la responsabilidad se encontró respaldada en las declaraciones coherentes y consistentes de la menor, así como en los testimonios de sus familiares, quienes corroboraron el deterioro de su estado anímico, su negativa a regresar al colegio, el ofrecimiento de un arreglo económico por parte del docente y su posterior solicitud de traslado. Para el Consejo de Estado, estos elementos, analizados conjuntamente, permitieron acreditar la conducta y la responsabilidad del disciplinado, sin que se configurara vulneración de sus garantías procesales. Esta decisión resalta que en las investigaciones disciplinarias por violencia sexual contra menores no puede exigirse la existencia de testigos presenciales, sino que deben valorarse integralmente las declaraciones de la víctima y los elementos de corroboración periférica.