Nueva ley que dispone la capacitación con enfoque de género será obligatoria para servidores públicos y contratistas del Estado

La Ley 2605 de 2026 marca un cambio trascendental en la prevención y atención de las violencias contra las mujeres al establecer como obligatoria la capacitación periódica en enfoque de género para servidores públicos, particulares que ejerzan funciones públicas y contratistas vinculados a entidades estatales. La norma, expedida en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bedoya Lima y otra vs. Colombia, busca erradicar la revictimización institucional y fortalecer la respuesta de las autoridades mediante procesos de formación, evaluación y seguimiento permanentes.

La nueva legislación también impone responsabilidades concretas a las entidades públicas: deberán realizar al menos una capacitación presencial anual, medir el impacto de estos procesos, publicar los resultados y garantizar que quienes intervienen en la atención de víctimas cuenten con preparación especializada. Además, prevé consecuencias disciplinarias para los funcionarios que incumplan estas obligaciones y ordena ejercer la acción de repetición cuando el Estado sea condenado por hechos de violencia institucional atribuibles a servidores públicos. Con ello, la ley busca transformar la cultura institucional y asegurar una atención más digna, efectiva y libre de discriminación para las mujeres víctimas de violencia.