Reintegro ordenado a docentes víctimas del conflicto armado por vulneración de su estabilidad laboral

El Tribunal Administrativo del Caquetá ratificó la orden de reintegro de cuatro docentes desplazadas por la violencia, al concluir que el Municipio de Florencia vulneró el principio de confianza legítima y omitió adoptar medidas afirmativas en favor de sujetos de especial protección constitucional. Las educadoras, calificadas con riesgo extraordinario por la Unidad Nacional de Protección y en condición de madres cabeza de familia o prepensionadas, habían sido trasladadas por razones de seguridad mediante convenios interadministrativos, sin que la administración les informara oportunamente sobre la existencia de listas de elegibles para los cargos que ocuparían.

Pese a lo anterior, dos meses después de su posesión el municipio dio por terminados sus nombramientos provisionales mediante el Decreto 442 de 2015, sin notificación personal ni observancia del debido proceso. La Sala Primera del Tribunal confirmó la nulidad parcial de dicho acto y ordenó el reintegro y el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir, al considerar que la Alcaldía desconoció la jurisprudencia constitucional que exige garantizar un mayor nivel de protección a servidores provisionales que ostentan especial protección constitucional, vulnerando así su derecho fundamental a la estabilidad laboral relativa o intermedia.