Condenan a pensionados a devolver mesadas recibidas de mala fe

Al filósofo George Santayana se atribuya la frase "Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo". Parece que no se aprende de la historia, aún existe algunos docentes que asesorados por tramitadores o profesionales sin ética continúan usando documentos falsos para obtener pensiones fraudulentas.

Obtener una pensión dentro del magisterio es, para muchos docentes, el resultado de toda una vida de entrega, esfuerzo y constancia. Es la recompensa que se obtiene tras la consecución de una meta cuyo camino se encuentra lleno de retos y desafíos en los que el éxito se consigue con dedicación.

En ese proceso también aparecen los trámites, requisitos, tiempos de espera y, por último, la paciencia que exige un sistema que a veces parece avanzar más lento de lo que quisiéramos. A pesar de todo esto, ese mismo camino complejo también refleja el valor del trabajo honesto y la importancia de que cada logro sea fruto de la entrega construida a lo largo de los años.

En medio de estas dificultades y con tanta historia que va rodando, es inevitable que aparezcan personas que pescando en río revuelto traten de convencer a algunos incautos de que existe un camino más fácil para lograr un "jugoso retiro", con esto también resulta comprensible que algunos puedan sentir la tentación de aceptar atajos con los que prometen acelerar tortuosos procesos burocráticos o garantizar beneficios a través de maniobras irregulares. Lastimosamente esos atajos, lejos de ser una ayuda y presentarse como una solución final casi siempre terminan convirtiéndose en riesgos enormes que no solo ponen en peligro la pensión misma, sino también la estabilidad, el nombre y la tranquilidad construidos durante toda una carrera docente.

Como abogado y por experiencia propia he visto y escuchado en distintas consultas como a lo largo de los últimos años, el magisterio se ha convertido en un blanco recurrente de múltiples estafas relacionadas con el reconocimiento de prestaciones sociales y pensionales. Personas inescrupulosas verdaderos avivatos han visto en la buena fe de los docentes una oportunidad para ofrecer supuestos "beneficios" o "derechos especiales", prometiendo obtener pensiones, reliquidaciones o pagos retroactivos de manera rápida y sin mayores requisitos. Eruditos del derecho que aparecen de la nada con falsas promesas y tesis que, aunque atractivas, resultan totalmente opuestas a la jurisprudencia de las altas cortes (minutos antes al inicio de la redacción de este texto en una llamada vía telefónica un docente me preguntaba sobre la veracidad o no de la tesis que circulaba en una región del país donde se planteaba la posibilidad de obtenerle la pensión gracia a docentes que iniciaron su carrera en la educación tiempo después al 01/12/1980).

El problema es que muchos de estos ofrecimientos se presentan de forma convincente: utilizan lenguaje jurídico, aseguran tener contactos dentro de entidades públicas, muestran documentos que aparentan legalidad y, sobre todo, insisten en que sí es posible acceder a prestaciones que, en realidad, no existen o no corresponden al docente. Así logran persuadir a muchas personas que, confiando en una solución aparentemente segura, terminan entregando dinero, firmando poderes o iniciando procesos sin fundamento legal.

Sea del caso advertir que estas estafas no solo generan pérdidas económicas, sino también consecuencias disciplinarias y penales para quienes, sin saberlo, terminan involucrándose en solicitudes fraudulentas. Lo que empieza como una "oportunidad" presentada por alguien que promete conocer un camino fácil, termina convirtiéndose en un problema serio que afecta la estabilidad laboral, el buen nombre y la tranquilidad del docente.

Con este texto no se pretende juzgar, ni mucho menos poner en la palestra pública a quienes por distintas razones se han visto envueltos en estas situaciones, por el contrario, lo que se pretende es hacer pedagogía y advertir al magisterio para que se mantenga atento a las señales de alerta que usualmente se presentan en este tipo de casos.

Breve reseña
Como parte importante de esta historia, resulta significativo recordar, entre otras, las razones que llevaron a que algunas entidades administradoras de seguridad social tuvieran que ser liquidadas. El ISS (Instituto de Seguro Social) por ejemplo fue liquidado por graves problemas de corrupción, ineficiencia y desorden administrativo que generaron pérdidas millonarias. Trámites irregulares en el reconocimiento de pensiones, pagos indebidos, manipulación de expedientes, redes de intermediarios que facilitaban fraudes y una crisis financiera insostenible obligaron su intervención.

Misma situación se presentó con la hoy extinta CAJANAL (Caja Nacional de Previsión Social), entidad que también tuvo que ser liquidada debido a graves problemas de corrupción y una mala administración. Durante años se presentaron irregularidades en el reconocimiento de pensiones, pagos indebidos, pérdida y manipulación de expedientes, desorden financiero y participación de redes de intermediarios que tramitaban prestaciones fraudulentas. Esta combinación de corrupción interna, falta de control y un enorme rezago operativo llevó al Estado a declarar su liquidación y trasladar sus funciones a la UGPP.

Condena a docentes

Precisamente en relación a CAJANAL recientemente se han conocido de nuevos fallos proferidos por el Consejo de Estado en los que se ha ordenado la revocatoria de resoluciones a través de las cuales se ordenó el reconocimiento de varias pensiones gracia y de paso se les ha ordenado a los docentes a devolver los dineros recibidos como consecuencia de ese reconocimiento.

En sentencias en mención, se identificaron múltiples casos de fraude en el reconocimiento de pensiones gracia, prestación regulada por la Ley 114 de 1913 y otras normativas complementarias, para la cual se resalta como requisito principal el ser docente vinculados a planteles departamentales, distritales o municipales, siempre que cumplan con requisitos específicos como haber prestado servicios antes del 31 de diciembre de 1980 y haber trabajado con honradez y buena conducta.

En los casos en cita, se evidenció que algunos docentes nacionales, que no cumplían con estos requisitos habían logrado la obtención de dicho beneficio de forma irregular, de esta forma en los fallos de la alta corporación se resaltó que:

Los educadores actuando a través de un abogado recurrieron a presentación de acciones de tutela en municipios donde no residían ni prestaron servicios, ignorando el principio de subsidiariedad y el juez natural competente.

Los accionantes no promovieron una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, medio idóneo para este tipo de reclamaciones, sino que decidieron presentar una acción de tutela junto a otras 89 personas.

Los ahora demandados eran conscientes de que su vínculo docente era de carácter nacional.
Con base a lo anterior, la Sala concluyó que la buena fe de los demandados quedó desvirtuada, dado que llevaron a cabo actuaciones cuestionables como parte de un esquema fraudulento para conseguir una decisión judicial favorable que resultó en el reconocimiento de la pensión gracia, a pesar de su condición de docente con vinculación nacional. Finalmente, en dichos fallos se condenó a los docentes a devolver las sumas recibidas por concepto de dichos pagos.

Condena en otros casos
Aunque no se trató de un docente si vale la pena analizar otro fallo proferido también por el Consejo de Estado dentro del proceso adelantado por Colpensiones en contra de un ciudadano, quien aparentemente había obtenido el reconocimiento de una pensión de invalidez de forma irregular. Dentro de dicha sentencia, aunque por fortuna para el demandado se declaró la prescripción y por ende no tuvo que devolver sumas de dinero, sí quedó probado que para el reconocimiento de su prestación el afiliado:

Usó documentos falsos, como dictámenes médicos adulterados, para justificar la invalidez o el derecho a la pensión.

Entregó sumas de dinero a terceros, incluidos funcionarios públicos, para alterar documentos y obtener decisiones favorables.

Realizó actuaciones dolosas que desvirtúan el principio de buena fe, como la aceptación consciente de beneficios ilegales.

Reflexión y recomendaciones
En todos estos casos, además del dolor de cabeza causado por un proceso que incluso puede extenderse a favor de los beneficiarios del pensionado que fallece, también se encuentran presentes las consecuencias que se generan en otros ámbitos, como el disciplinario donde podría darse la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, así como en el ámbito penal.

Si bien, en el pasado el FOMAG se ha visto levemente afectado por algunos episodios de corrupción, ha sido la férrea defensa, el cuidado y la vigilancia que ha ejercido el magisterio la que ha permitido que este fondo siga vigente y continúe respondiendo por las prestaciones de los educadores del país. Es entonces un deber de cada docente velar porque esta importante conquista siga siendo motivo de orgullo para todo el gremio.

Es por esto que, con el fin de prevenir riesgos y garantizar el cumplimiento de la normativa, recomendamos a los docentes del magisterio:

Informarse sobre los requisitos legales para acceder a cualquier tipo de prestación.
Asegúrese de cumplir con las condiciones establecidas en la normativa aplicable.
Denunciar cualquier irregularidad o acto de corrupción del que tenga conocimiento ante las autoridades competentes.

Abstenerse de realizar pagos irregulares por trámites que resultan gratuitos y obviamente evitar recurrir a mecanismos fraudulentos, como la presentación de documentos falsos o la realización de pagos ilegales a terceros.

Respetar los principios de buena fe y legalidad en todas las actuaciones administrativas y judiciales.

Por último, recuerde que en la mayoría de los casos cada quien puede realizar su propio trámite sin necesidad de intermediarios y ya en caso de requerirlo puede consultar a abogados especializados en el régimen prestacional del magisterio.

Al final es fundamental recordar que la vía correcta aunque tome tiempo y requiera esfuerzo es siempre la del cumplimiento riguroso de la ley, la transparencia y la veracidad en cada documento y cada trámite. Una pensión obtenida de manera legítima no solo representa un derecho, sino también un orgullo: el reconocimiento justo y merecido a una vida entera dedicada a la educación. Ninguna prestación legítima requiere intermediarios misteriosos, pagos adelantados, atajos o soluciones milagrosas. La mejor protección siempre será el conocimiento de la normativa, la consulta con entidades oficiales y el rechazo absoluto a ofertas que aparentan ser demasiado buenas para ser verdad. Es que como dicen por ahí: "de eso tan bueno no dan tanto".