¿Qué es racismo estructural y cómo afecta a los niños?

El racismo estructural es una forma de discriminación racial que no se limita a conductas individuales, sino que se reproduce y normaliza a través de prácticas colectivas profundamente arraigadas, difíciles de erradicar únicamente mediante las leyes o la justicia. Sin un compromiso real y sostenido desde la familia, la escuela y los medios de comunicación, seguiremos condenados a esta forma silenciosa de violencia que socava la convivencia en una sociedad pluricultural.

El debate sobre qué es el racismo estructural y cómo afecta a los niños volvió a aparecer con fuerza hace algunas semanas en redes sociales, a raíz de un video grabado por una influencer en la sala de espera de un aeropuerto. En la transmisión apareció una niña menor de edad y, a partir de ese momento, se produjo una situación que generó indignación, debates acalorados y posiciones encontradas.

Más allá de la repulsión inicial que sentí frente a la actitud de la influencer, me llamó especialmente la atención la reacción de quienes vieron el video. Algunas personas consideraron exagerada la respuesta de la madre de la niña; otras, en cambio, señalaron lo ocurrido como un ejemplo de racismo estructural. La pregunta entonces no es menor: ¿de qué estamos hablando realmente cuando usamos ese término? El racismo estructural no se limita a insultos abiertos ni a actos de odio explícitos. Es una forma de discriminación racial que no depende únicamente de la intención individual, sino que está incorporada en las instituciones, las normas sociales, las prácticas cotidianas y las estructuras económicas de un país. Se manifiesta, por ejemplo, cuando ciertos grupos étnicos tienen menos acceso a la educación, la salud, el empleo o la justicia; cuando desigualdades históricas se perpetúan en el tiempo; o cuando las políticas públicas no logran corregir -e incluso reproducen- esas brechas.

Pero el racismo estructural también aparece en formas más sutiles y profundamente normalizadas: en los supuestos sobre cómo "huelen", cómo hablan, cómo miran o cómo se comportan las personas pertenecientes a determinados grupos étnicos. Son estereotipos que parecen inofensivos, pero que cargan juicios, miedos y procesos de deshumanización, especialmente cuando quien los reproduce ocupa una posición de poder o de alta visibilidad.

Eso es lo que vuelve relevante detenerse en lo que ocurrió en el aeropuerto. Durante una transmisión en vivo, la influencer Karina García grababa contenido cuando una niña de aproximadamente seis años apareció en el plano de la cámara. La influencer la invitó a saludar a sus seguidores, pero la madre intervino de inmediato para dejar claro que no autorizaba que su hija fuera grabada ni expuesta en la transmisión.

La respuesta de Karina no fue detener el live ni ofrecer una disculpa, sino pedirle a la madre que retirara a la niña del encuadre, argumentando que ya había estado suficiente tiempo en cámara. El video se viralizó rápidamente y abrió un debate público sobre la actuación de la influenciadora. Posteriormente, la madre presentó una denuncia en la que afirmó que su hija fue expuesta sin consentimiento y que, además, durante la transmisión se hicieron comentarios sobre su aspecto físico.

Hay un detalle que no es menor. Según lo que se ha reportado, Karina García no reconoció explícitamente que grabar a una menor sin permiso podía ser problemático, ni ofreció una disculpa formal. Por el contrario, intentó minimizar lo sucedido, afirmando entre risas que su intención había sido "por buena gente", diciendo: "qué pena, si ven, yo por buena gente, de ir a saludar a la niña…".

La madre denunció además que la influencer comentó que la mirada de la menor le parecía "intensa" o que le daba miedo, una expresión que fue interpretada como ofensiva y potencialmente racista, especialmente tratándose de una niña de seis años. Hasta el momento, no ha habido una aclaración pública más amplia ni una disculpa explícita frente a estas acusaciones.

Es importante recordar que el racismo estructural no siempre es explícito ni intencional, pero produce efectos reales, y en los niños esos efectos son especialmente graves. La exposición, la estigmatización y la normalización de ciertos comentarios pueden afectar la autoestima, la seguridad y la manera en que los niños se perciben a sí mismos y a su lugar en el mundo. Por eso, este tipo de situaciones no deberían ser minimizadas ni leídas como simples "malentendidos".

Ante esto surge otra pregunta clave: ¿existen leyes en Colombia que protejan a los niños frente a estas situaciones? La respuesta es sí. Colombia reconoce jurídicamente el problema del racismo y cuenta con normas para enfrentarlo, aunque su aplicación sigue siendo desigual. Entre las principales se encuentran la Constitución Política de 1991, que consagra la igualdad, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural y la prohibición de cualquier forma de discriminación; la Ley 70 de 1993, que reconoce los derechos colectivos de las comunidades afrocolombianas; la Ley 1482 de 2011, modificada por la Ley 1752 de 2015, conocida como ley antidiscriminación; y el Convenio 169 de la OIT, que hace parte del bloque de constitucionalidad y protege los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

También cabe preguntarse si el Estado reconoce el racismo estructural. Al menos en el plano jurídico y discursivo, la respuesta vuelve a ser afirmativa. La Corte Constitucional ha hablado reiteradamente de discriminación estructural y ha ordenado medidas especiales, conocidas como acciones afirmativas, para corregir desigualdades históricas.

El problema de fondo no es la ausencia de leyes, sino la falta de implementación efectiva, la débil sanción frente a estos hechos y la normalización del racismo en la vida cotidiana. Hablar de estos casos no es exagerar ni buscar culpables individuales, sino entender cómo prácticas aparentemente pequeñas reproducen violencias más grandes, y cómo los niños —que deberían ser los más protegidos— terminan siendo los más expuestos.