Libertad de cátedra y autonomía universitaria en Colombia

Como profesora, me preocupa que la libertad de cátedra se invoque con frecuencia sin que nos detengamos a pensar cómo se vive realmente en las aulas. Puede parecer un ideal hermoso y lejano, pero adquiere un sentido concreto cuando propongo una lectura que resulta incómoda y un estudiante puede discutirla sin temer por su nota. También cuando expreso una posición y acepto que mi voz, aunque tenga la autoridad de la profesora, no debe cerrar la conversación. Hace varias semanas viví una situación de este tipo con un texto de Carolina Sanín. La autora cuestiona el supuesto hecho de que un hombre trans pueda dar a luz, porque puede hacerlo debido a que tiene útero. Manifesté que compartía ese planteamiento. Dos estudiantes lo discutieron con insistencia, introdujeron la distinción entre sexo y género y afirmaron, además, que las personas intersexuales podían concebir. Consideré que esta última afirmación requería mayor sustento y precisión. El intercambio fue incómodo, pero esa incomodidad es justamente lo que me interesa examinar: yo debía poder explicar mi postura, y ellos debían poder cuestionarla.

La experiencia me lleva a una pregunta que no siempre resulta fácil responder: ¿cómo defender mi libertad de enseñar y, al mismo tiempo, reconocer la libertad de quienes aprenden conmigo? En una clase de literatura trabajamos con interpretaciones, sensibilidades e historias personales. Una lectura puede tocar convicciones profundas; por eso, conducir la discusión exige algo más que recordar quién está a cargo del curso. Exige distinguir entre una objeción, una descalificación y un argumento, incluso cuando soy yo quien se siente cuestionada.

En Colombia, estas libertades tienen un fundamento constitucional. El artículo 27 de la Constitución de 1991 establece: “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra”. El artículo 69, por su parte, garantiza la autonomía universitaria y reconoce que las universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. Es así como la Ley 30 de 1992 desarrolla estas garantías: su artículo 4 reconoce las libertades académicas y el artículo 28 precisa facultades como organizar programas, seleccionar profesores y administrar recursos. A su vez, el artículo 3 contempla la inspección y vigilancia estatal sobre la educación superior.

Entiendo la libertad de cátedra como la posibilidad de ejercer mi criterio académico al elegir enfoques, lecturas y métodos de enseñanza, dentro de los propósitos del curso y con respeto por los derechos de los estudiantes. La autonomía universitaria corresponde a la institución y protege su capacidad de gobernarse y orientar su trabajo académico. Ambas se necesitan: una universidad autónoma debe ofrecer condiciones para que sus docentes piensen y enseñen con libertad. Eso incluye la posibilidad de cuestionar decisiones de la propia institución. La autonomía de mi universidad no convierte a sus autoridades en dueñas de mi pensamiento.

Para explorar esa relación, imagino una situación ficticia en clase. Propongo leer Una habitación propia, de Virginia Woolf, junto con un relato contemporáneo sobre el trabajo doméstico. Una estudiante cuestiona que la independencia económica explique por sí sola la creación literaria; otro considera que mi selección privilegia una perspectiva feminista y deja por fuera experiencias masculinas de pobreza. Una tercera persona expresa malestar porque la discusión toca su historia familiar. Podría dar por terminado el intercambio, pero también podría pedir que desarrollaran sus argumentos, incorporar una lectura de contraste y ofrecer una participación escrita a quien la prefiriera. Supongamos que, después, una coordinación me solicita retirar a Woolf para evitar nuevas quejas. Defendería la pertinencia de la lectura y revisaría la manera en que conduje la conversación. Las dos cosas pueden hacerse a la vez. Sostener una elección académica no me exime de escuchar a los estudiantes; atender su malestar tampoco implica que deba eliminar todo texto que incomode. Lo que sí debo garantizar es que nadie necesite coincidir conmigo, ni revelar su intimidad, para aprobar el curso.

Fuera del aula, el problema adquiere otras dimensiones. Las presiones sobre la vida universitaria pueden venir del gobierno, de las directivas o de grupos que pretenden decidir qué voces merecen ser escuchadas. El 17 de febrero de 2022, Sergio Fajardo, entonces precandidato presidencial, visitó la Universidad Tecnológica de Pereira. Según los reportes de ese día, un grupo de encapuchados lo intimidó y lo obligó a abandonar el campus. No interpreto ese episodio como una decisión de toda la universidad, pero sí como una restricción al debate dentro de ella. Se puede rechazar una propuesta política, interpelar a quien la presenta y expresar una oposición firme. Impedirle hablar mediante intimidación empobrece la discusión que decimos defender.

Esta preocupación también tiene que ver con quiénes participan en el gobierno universitario. En su estudio La Reforma de Córdoba y el gobierno de las universidades públicas en América Latina. Análisis comparado de cinco universidades, Leopoldo Múnera Ruiz (2011) relaciona esa tradición reformista con la participación decisoria de la comunidad universitaria. Su planteamiento me lleva a preguntar quién ejerce realmente la autonomía: ¿solo las directivas o también quienes enseñamos, estudiamos y trabajamos en la institución? Me cuesta defender una autonomía que se reclama frente al Estado, pero ofrece pocas oportunidades de participación dentro de la universidad.

En Colombia, estas preguntas se cruzan con la financiación y las disputas por el poder institucional. La falta de recursos limita las decisiones académicas y puede llevarnos a aceptar condiciones que, en otras circunstancias, discutiríamos con mayor firmeza. A ello se suman los conflictos por las rectorías y las diferencias sobre el alcance de la vigilancia estatal. Como docente de una universidad pública, considero indispensable rendir cuentas sobre los recursos que administramos. También considero necesario examinar quién fija las prioridades, cómo se toman las decisiones y qué lugar tiene la comunidad en ellas.

En la Universidad de Antioquia, esta tensión se hizo especialmente visible con la Resolución 016105 de julio de 2025, mediante la cual el Ministerio de Educación estableció medidas preventivas y de vigilancia especial. El Consejo Académico manifestó preocupaciones sobre el debido proceso y la proporcionalidad de la medida, al tiempo que reconoció la responsabilidad de los estamentos universitarios en la búsqueda de soluciones a la crisis financiera. Posteriormente, Héctor Iván García García asumió la rectoría el 21 de enero de 2026, tras ser designado por el Ministerio. Su periodo terminó en julio de ese año, luego de que se levantara la medida de reemplazo del rector.

Estos hechos, iniciados durante el gobierno de Gustavo Petro, me llevan a preguntar cómo recuperar la sostenibilidad financiera sin debilitar el gobierno universitario. Para quienes trabajamos en la UdeA, la crisis no es una discusión distante: afecta las condiciones en las que enseñamos, investigamos y acompañamos a los estudiantes. Necesitamos recursos y decisiones responsables, pero también información clara y posibilidades reales de intervenir en el rumbo de la institución.

La Universidad Nacional ofrece otro caso. La controversia por las designaciones de José Ismael Peña y Leopoldo Múnera en 2024 puso en evidencia la tensión entre el respaldo expresado en la consulta a la comunidad y las competencias del Consejo Superior Universitario. En noviembre de 2025, el Consejo de Estado declaró la nulidad del acto que había designado a Múnera. Este conflicto muestra la necesidad de distinguir entre la legitimidad de una aspiración colectiva y la legalidad del procedimiento empleado para realizarla. Una preferencia mayoritaria merece atención, pero no permite desconocer las reglas. A la vez, cumplirlas no debería impedir que se discuta si los mecanismos de representación responden a las necesidades de la comunidad.

En septiembre de 2026 surgió otra controversia, esta vez alrededor del anuncio del presidente Abelardo de la Espriella sobre un protocolo para el ingreso policial a las universidades públicas. El claustro de profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA expresó sus objeciones y pidió que cualquier intervención respetara las garantías constitucionales y legales de la institución. Me refiero aquí a un anuncio y al debate que suscitó, no a los efectos de una norma cuya aplicación se haya demostrado. Mi preocupación es que la respuesta a hechos violentos termine extendiendo la sospecha sobre la protesta pacífica y sobre la comunidad universitaria en general. Defender la autonomía exige reconocer las responsabilidades de la universidad, pero también cuestionar los señalamientos que la presentan como una amenaza.

La discusión atraviesa igualmente a las universidades privadas. En noviembre de 2024, la apertura de Starbucks en la Universidad de los Andes provocó protestas y debates sobre consumo, multinacionales y Palestina. La propia universidad presentó el episodio como una oportunidad de conversación sobre el significado de la presencia de esa marca en el campus. El caso no demuestra por sí solo una vulneración de la autonomía, pero permite observar cómo una decisión institucional puede ser discutida por los estudiantes. Una universidad también se fortalece cuando sus integrantes pueden cuestionar sus acuerdos comerciales y sus prioridades.

Vuelvo, entonces, a aquella clase en la que discutimos el texto de Carolina Sanín. Defender la libertad de cátedra me exige aceptar que una lectura puede abrir una conversación cuyo desenlace no controlo. Puedo tener una convicción y explicar por qué la sostengo; también debo escuchar objeciones y reconocer cuándo necesito revisar un argumento. Aspiro a encontrar esa misma disposición en la vida institucional: una universidad capaz de decidir, de rendir cuentas y de escuchar a quienes la cuestionan. En la UdeA, en la Nacional y en los Andes, la defensa de estas libertades pasa por examinar las presiones externas y nuestras propias maneras de ejercer el poder. Mi tarea docente pierde sentido si solo pueden hablar quienes coinciden conmigo. Y la universidad pierde parte de su razón de ser cuando sus integrantes prefieren callar por temor a las consecuencias del desacuerdo.