La violencia escolar como un problema social

En los últimos años, las aulas escolares han dejado de ser exclusivamente espacios de aprendizaje y formación para convertirse, tristemente, en escenarios de confrontación, agresión y miedo. Docentes amenazados, insultados o incluso golpeados por sus estudiantes, padres de familia que respaldan conductas violentas en lugar de corregirlas, y equipos directivos que, por temor a escándalos o represalias jurídicas, optan por el silencio institucional; esta es una realidad que exige, sin rodeos, un abordaje multidimensional y urgente.

Según datos recientes de las Secretarías de Educación de las principales ciudades del país, se han reportado miles de casos de violencia escolar a lo largo del año 2025. Lo alarmante no es solo las cifras, sino su naturaleza: amenazas de muerte, golpes contra docentes, destrucción de materiales educativos, matoneo sistemático y una pérdida creciente del respeto hacia la figura del maestro; se trata de un fenómeno que no distingue entre instituciones públicas o privadas, ni entre estratos sociales, es un síntoma colectivo de deterioro en las relaciones colegio-familia-comunidad.

El docente, tradicionalmente considerado una figura de autoridad, ha pasado a convertirse en blanco de burlas, insultos o agresiones físicas, es así, que muchos de ellos callan por miedo a represalias laborales, a denuncias infundadas o a ser responsabilizados por "excesos disciplinarios". En estos casos lo paradójico es que mientras se exige del maestro una conducta intachable, emocionalmente equilibrada y pedagógicamente efectiva, se le niega respaldo institucional real ante agresiones evidentes.

¿Cuáles son los factores que explican esta crisis?
No podemos negar las dificultades que afronta el país, mismas que afectan de manera directa el entorno escolar, donde los maestros, en muchas ocasiones, con falta de instrumentos básicos deben asumir un rol ejemplar que va más allá de sus responsabilidades. En esa medida se procede a desatacar algunos de los factores más importantes que, de alguna manera, explican la crisis institucional frente al docente:

Falta de educación emocional: muchos estudiantes no han desarrollado competencias socioemocionales básicas como la empatía, el respeto a la diferencia o el manejo de la frustración.

Estilos de crianza permisivos o ausentes: padres que justifican todo lo que hacen sus hijos, los sobreprotegen o delegan completamente su formación en el colegio.

Inacción institucional: directivos que prefieren evitar "problemas legales" antes que asumir su rol como garantes de la sana convivencia.

Carencia de protocolos efectivos: muchos manuales de convivencia son obsoletos, ambiguos o inaplicables ante situaciones reales de agresión.

Entonces, ¿Qué hacer ante esta realidad?
La solución no es única ni inmediata, se requiere corresponsabilidad activa de todos los actores del sistema educativo, así:

1. Docentes

Al ocurrir un acto de violencia, los docentes deben hacer frente al problema, educando con firmeza, pero con respeto y empatía. Además, se sugiere lo siguiente:

Documentar rigurosamente los hechos de agresión: informes, evidencias, testimonios.

Aplicar el Manual de Convivencia dentro de los límites legales, sin renunciar a su función orientadora.

Solicitar intervención del Comité de Convivencia Escolar y acompañamiento psicosocial cuando sea necesario.

2. Directivos y personal administrativo
Ante cualquier hecho ocurrido en la institución educativa, los directivos deben tener una política de tolerancia cero con la violencia, donde se debe:

Implementar rutas claras de atención a situaciones de violencia, respetando el debido proceso, pero sin impunidad.

Apoyar públicamente a los docentes agredidos y garantizar su protección institucional.

Formar y actualizar permanentemente al personal en resolución pacífica de conflictos y herramientas de contención emocional.

3. Padres de familia
Los padres como actores fundamentales en la crianza y educación de sus hijos deben propender por una educación mediante el ejemplo y la corrección, obligándose a:

Asumir el rol de formadores primarios en valores, límites y respeto.
No justificar conductas agresivas, ni usar la amenaza jurídica como escudo ante acciones necesarias de la institución educativa.

Participar activamente en las reuniones de padres de familia de la institución educativa y programas de orientación familiar.

4. Estudiantes
El estudiantado debe aprender a respetar y convivir con todos los actores que integran el sistema educativo, siendo un eje importante en el desarrollo escolar y social, participando:

En talleres de educación emocional, ética y ciudadanía brindados por las instituciones educativas.

Liderando estrategias de mediación escolar entre los estudiantes.
Creando entornos de diálogo, escucha y respeto, donde los estudiantes de grados superiores sean ejemplo de una sana convivencia escolar.

5. Autoridades administrativas
Las secretarías de educación del país coadyuvan en el entorno escolar para: Vigilar que los colegios activen los protocolos de atención en casos de violencia. Brindar acompañamiento legal y psicosocial a docentes víctimas de agresión, además de atender oportunamente sus peticiones y sus quejas frente a estas situaciones.

Promover campañas de prevención de violencia escolar y respeto por la labor docente.

Con el oportuno cumplimiento de los deberes de todos los actores que involucran el sistema educativo, se pretende que el respeto por el maestro sea una señal de salud social.

Porque hay que dejar en claro que cuando un docente es golpeado o amenazado y nadie lo defiende, no solo se vulneran sus derechos fundamentales y los de su entorno, también se debilita el principio mismo de autoridad pedagógica sobre el cual se sostiene cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. En esa medida, no podemos pedir calidad educativa sin proteger primero a quienes la hacen posible.

Por lo tanto, los actores dentro de las instituciones deben actuar, no desde la represión ni desde el miedo, sino desde la restauración del respeto entre compañeros y alumnos creando un buen entorno laboral, el fortalecimiento de los vínculos familiares, escolares, la reivindicación jurídica y ética del rol docente, teniendo en cuenta que las aulas no deben ser trincheras, deben ser espacios sagrados donde la palabra, el saber y la convivencia prevalezcan; para ello se necesita que todos los actores trabajen en la misma dirección.

Y Si la violencia escala: ¿qué dice el derecho penal?
Es importante recordar que cuando la violencia en el aula trasciende los canales pedagógicos y administrativos, entra en escena el derecho penal, especialmente en casos de:

Lesiones personales.
Amenazas.
Constreñimiento ilegal.
Injurias o calumnias graves.
Daño en bien ajeno, entre otros.

Sin embargo, el derecho penal no puede ni debe ser la primera respuesta ante las tensiones escolares, su intervención solo debe activarse cuando se hayan agotado las instancias de prevención, corrección pedagógica y diálogo institucional.

La violencia en las aulas no se resuelve con castigos automáticos dentro de las instituciones ni con indiferencia de aquellas, se requiere una transformación cultural profunda, en la que todos los actores del sistema educativo: docentes, estudiantes, padres, directivos y autoridades, reconozcan su corresponsabilidad en la construcción de ambientes escolares seguros, respetuosos y humanizantes.

Y aunque el derecho penal debe estar disponible como herramienta de protección para el maestro y de corrección frente a hechos graves, no puede convertirse en la única vía ni en la más inmediata. El Derecho Penal es, y debe seguir siendo, la última ratio: la última opción, cuando todas las demás han fallado.