El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FNPSM- en grave riesgo.

El Fomag fue creado después de dos décadas de enconada lucha, que pasó en cierta medida por la nacionalización de los pagos con la Ley 43 de 1975, pero faltó la nacionalización de las prestaciones que es lo que se alcanzó con la Ley 91 de 1989.

Lo que se ganó fue capital. Antes, los responsables de pagar cesantías, pensiones y prestar los servicios médicos eran los departamentos y el Distrito Especial de Bogotá, pero la postración económica de la mayoría de los entes territoriales y la corrupción impedían el pago de las prestaciones.

A partir de 1989 las cosas cambiaron para mejor, porque la creación del Fomag llevó a que dos delegados de Fecode hicieran parte de su consejo directivo y se crearon los comités regionales de prestaciones sociales, cuya función es -gracias al artículo 3 de la Ley 91- garantizar el pago de las prestaciones sociales de los docentes.

Desde su creación, el FNPSM ha sido perseguido por el gobierno, quien ha tratado de acabar con su actividad y misión, toda vez que su cubrimiento económico es más costoso que el de Ley 100.

El Fomag, pese a las dificultades existentes, es susceptible de mejorar, pero la decisión de someterlo al derecho privado y los decretos reglamentarios que desvirtúan la Ley 91 de 1989 deben ser corregidos.

Lo más grave es la pretensión del gobierno del presidente Petro de destruir el Fomag con un ente que lo administrará con un presidente nombrado por el presidente de la República y un Consejo Directivo de cuatro miembros, que nadie sabe cómo se nombran ni que facultades tienen.

En el fondo, lo que se busca con el Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 102 es arrebatarle al magisterio una conquista de gran importancia, que no sólo garantiza el pago de las prestaciones sociales, sino que pone a dos representantes del Gremio en la dirección de su Fondo.