¿Qué nos espera con la reforma pensional?

Gran expectativa e incertidumbre genera lo que pronto será la reforma pensional que ha anunciado el actual gobierno nacional. Un tema supremamente delicado que abarca el interés de todos los sectores de la sociedad. Un área en la que existen grandes desigualdades y a la vez inmensos retos. Lo cierto es que por primera vez en muchos años parece estar siendo abordado son seriedad y determinación la necesidad de implementar un cambio estructural al actual sistema pensional que opera en Colombia.

Gran expectativa e incertidumbre genera lo que pronto será la reforma pensional que ha anunciado el actual gobierno nacional. Un tema supremamente delicado que abarca el interés de todos los sectores de la sociedad. Un área en la que existen grandes desigualdades y a la vez inmensos retos. Lo cierto es que por primera vez en muchos años parece estar siendo abordado son seriedad y determinación la necesidad de implementar un cambio estructural al actual sistema pensional que opera en Colombia.

Uno de los principales retos y a la vez objetivos que se ha planteado la administración Petro frente al tema pensional ha sido el de lograr una cobertura de carácter universal; esto es lograr que los beneficios del régimen pensional brinden una protección a toda la población adulta que así lo requiera, incluso para aquellos que no logren obtener los requisitos mínimos al momento en que culminen su etapa laboral. Cabe anotar que este concepto de universalidad se encuentra contemplado incluso en la misma Ley 100 de 1993, norma que en su artículo 2 definió este concepto de la siguiente manera: "UNIVERSALIDAD. Es la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida", no obstante, ha sido su falta de aplicación la que hoy hace inminente la necesidad de una discusión que ponga fin a este problema.

Para efectos de consolidar el fin anterior, el gobierno ha puesto sobre la mesa la idea de lograr que los adultos mayores cuenten con un ingreso mínimo mensual de al menos $500.000, emulando así conceptos como los aplicados en otros países como por ejemplo Bolivia, donde se ha implementado el reconocimiento de la llamada Renta Básica Universal. Sin embargo, este punto además de controversial genera gran escepticismo, pues aún no es claro si el Estado cuenta con los recursos necesarios para asegurar un pago de tal magnitud, por lo que será preciso conocer los detalles de la propuesta que se presente para estimar la viabilidad de esta idea, que de concretarse ayudaría a disminuir las condiciones de extrema pobreza y necesidad por la que pasan muchos adultos mayores.

Otro de los puntos neurálgicos de la reforma pensional tiene que ver con la posibilidad de que los recursos que se encuentran depositados en los diferentes regímenes pensionales, puedan ser utilizados con el fin de generar la rentabilidad de los mismos, modelo que en la actualidad sólo es aplicado en los fondos privados. A juzgar por la idea, podría decirse sin dudar, que se trata de una propuesta que más que interesante resulta hasta lógica; a pesar de ello el temor que suscita este planteamiento se centra en la preocupación que se genera frente a la posibilidad de que la administración o manejo de dichos recursos no se realice de forma adecuada, lo que a la postre podría significar un grave problema fiscal para el estado.

Por otra parte, y con carácter de primordial, aparece el punto relacionado con la reforma estructural que se pretende aplicar al sistema; tema que desde ya promete ser uno de los aspectos que más generará controversia por los intereses que allí se manejan. Recordemos que la reforma tiene como fundamento la creación de un sistema de pilares, el cual de acuerdo a lo planteado por el gobierno consistirá en tres pilares: el pilar solidario, en el que se reconocerá una renta básica correspondiente a medio salario mínimo legal vigente y que cobijará a las personas que no alcanzan a obtener una pensión; el pilar contributivo, que estará dispuesto para las personas que devengan hasta cuatro salarios mínimo, quienes harán sus aportes obligatorios al régimen de prima media administrado por Colpensiones y el tercer pilar, para personas que tienen ingresos por encima de los 4 salarios mínimos que hacen aportes adicionales al Régimen de Ahorro Individual de las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, AFP.

Con esta reforma se busca entonces lograr la unificación del sistema, fortaleciendo el régimen público administrado por Colpensiones, pero a la vez manteniendo vigente la existencia de los fondos privados, quienes ahora operarían como un complemento al sistema para optar por un fondo de ahorro voluntario, acabando así con la competencia que actualmente se presenta entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual con solidaridad.

Si bien es cierto al momento del cierre de este artículo no se conoce aún el texto de la propuesta en mención, es claro que dentro de los puntos a tratar no se encuentra contemplada la opción de modificar aspectos relacionados con los requisitos para acceder al reconocimiento pensional; esto es cambiar las reglas de tiempo de servicios y edad que actualmente se encuentran contemplados en la norma, por lo que en teoría no debería existir temor alguno frente a este punto.

Lo anterior también aplica para los docentes pertenecientes al régimen de excepción del Magisterio, quienes además cuentan con el blindaje especial que fue otorgado dentro del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, ratificado en el artículo 48 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005, dentro de cuyos textos normativos se ratificó la vigencia de la cual goza el régimen pensional que cobija a docentes oficiales del antiguo y el nuevo estatuto, quienes dependiente su fecha de vinculación se pensionan con 55 años de edad y 20 años de servicio, o 57 años de edad y 1300 semanas, hombres y mujeres.

Así las cosas, bien podría decirse que esta reforma que comienza a gestarse 30 años después de la aprobación de la Ley 100 de 1993, tiene como fin principal cerrar la brecha que existe frente a las bajas coberturas de un sistema altamente inequitativo, y por qué no, incentivar el incremento de cotizaciones al sistema, esto es, sin poner en riesgo las expectativas de los afiliados que esperan su día de jubilación.