Don Juris admirador de una treintona

Apreciado Rafael Andrés, la diferencia principal es que el Estado de derecho se centra en que el poder esté sometido a la ley, mientras que el Estado social de derecho añade el compromiso de garantizar la justicia social y el bienestar de la población.

Mi estimada señorita Piñeros, la Constitución de 1991 surgió en un momento de profunda crisis política, social y de violencia en Colombia. La Constitución anterior, de 1886, ya no respondía adecuadamente a las necesidades de una sociedad más diversa y participativa.

La nueva Constitución buscó fortalecer la democracia, ampliar la participación ciudadana, reconocer la diversidad étnica y cultural del país y garantizar de manera más efectiva los derechos de las personas. También creó nuevos mecanismos para que los ciudadanos pudieran defender sus derechos, como la acción de tutela.

Apreciado Arnoldo, la Constitución de 1991 produjo cambios muy importantes en Colombia. Gracias a ella, los ciudadanos cuentan con mecanismos más efectivos para defender sus derechos y se fortalecieron instituciones como la Corte Constitucional.

Sin embargo, todavía existen grandes dificultades para que todos los derechos se cumplan plenamente. La pobreza, la desigualdad, la violencia y la falta de acceso a algunos servicios públicos demuestran que existe una diferencia entre lo que establece la Constitución y la realidad que viven muchas personas. Por esta razón, la Constitución no debe entenderse únicamente como un documento escrito, sino como un compromiso permanente entre el Estado y la sociedad.

Apreciada estudiante, la acción de tutela se convirtió en un mecanismo muy importante porque permite solicitar la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando estos han sido vulnerados por cualquier entidad.

Su principal característica es que busca ofrecer una respuesta rápida y efectiva. Gracias a la tutela, muchas personas han logrado obtener protección para derechos relacionados con la salud, la educación, la dignidad humana, la igualdad y otros derechos fundamentales.

La tutela demuestra que la Constitución de 1991 no solamente reconoce derechos, sino que también creó herramientas para protegerlos.

La Constitución es la "norma normarum" que significa norma de normas, porque se sitúa en la cúspide del ordenamiento jurídico como la regla suprema y fundamental de la que dependen la validez y la creación de todas las demás leyes.

Por lo tanto, esta expresión conlleva lo siguiente:

Supremacía jerárquica: ocupa el rango más alto en la pirámide jurídica; ninguna ley, decreto o acto de autoridad puede contradecirla.

Fuente de fuentes: regula los métodos, procedimientos y órganos encargados de producir las normas inferiores del sistema.

Efecto de invalidez: cualquier disposición jurídica que resulte incompatible con los preceptos constitucionales carece de validez legal y de aplicación obligatoria.

Carácter vinculante: obliga de manera directa e inmediata tanto a los ciudadanos como a todos los poderes públicos del Estado.

Estimado Wilmar, el bloque de constitucionalidad es el conjunto de normas, principios y reglas que, aunque no estén escritos de manera literal en el texto principal de la Constitución, tienen rango constitucional y sirven para medir si las leyes son válidas o no. Por lo tanto, la Corte Constitucional usa este bloque para decidir si una ley respeta la Constitución o debe ser anulada; también permite que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Congreso formen parte de las normas obligatorias del país y a su vez obliga a entender los derechos de la Constitución de acuerdo con dichos tratados internacionales.

Estimada señorita Omaña, la tridivisión del poder público en la Constitución implica dividir el Estado en tres ramas independientes —ejecutiva, legislativa y judicial— para evitar la concentración absoluta del poder y proteger los derechos de los ciudadanos.

Rama ejecutiva: administra el Estado, aplica las leyes y está liderada por el presidente y sus ministros.

Rama legislativa: crea, modifica y deroga las leyes a través del Congreso, además de ejercer control político.

Rama judicial: administra justicia, interpreta las normas y vigila que los actos de gobierno respeten la Constitución.

Cada rama frena, vigila y equilibra las decisiones de las otras para evitar abusos de autoridad. Al limitar las funciones del gobernante de turno, se protegen los derechos y las libertades fundamentales de las personas. Aunque operan de forma separada e independiente, los poderes deben cooperar para cumplir los fines esenciales del Estado. Si una rama (como el ejecutivo) debilita o desacredita a las cortes o al congreso, el equilibrio institucional se rompe y se abre paso a la arbitrariedad.

Estimado José, la excepción de inconstitucionalidad es una herramienta jurídica que permite a cualquier autoridad o juez no aplicar una ley u otra norma en un caso particular cuando choca de forma clara con la Constitución. Se sustenta en el Artículo 4 de la Constitución Política de Colombia, que establece que la Constitución es de valor superior sobre cualquier otra norma, donde solo se aplica al caso específico o individual. En ese entendido, la ley no desaparece del sistema legal para todo el mundo, sino que se suspende únicamente para esa situación concreta (efectos inter partes).

Vale la pena aclarar que esta excepción puede ser por una decisión oficiosa, es decir, que la autoridad la toma por iniciativa propia, o también a petición de una de las partes involucradas en el proceso, por lo cual todos los jueces de la República tienen el deber de usarla al resolver procesos judiciales cuando (i) una norma inferior contradice abiertamente los derechos o principios de la Constitución, (ii) cuando una regla vigente repite el contenido de otra que ya fue declarada inexequible (inconstitucional) por la Corte Constitucional y (iii) cuando aplicar una ley en una situación particular genera un daño injusto a los derechos fundamentales.

Apreciado joven, la EPS sí puede estar obligada, especialmente cuando la silla de ruedas motorizada ha sido prescrita por el médico tratante o por un equipo interdisciplinario. En ese entendido, la Corte Constitucional, en la Sentencia T-358 de 2022, protegió los derechos fundamentales de una paciente a quien su médico tratante había ordenado una silla de ruedas motorizada y concluyó que la EPS vulneró sus derechos al negarse a suministrarla. La Corte ordenó su entrega conforme con las especificaciones médicas.

Es importante tener en cuenta que no basta únicamente con demostrar que el estudiante tiene poliomielitis. Debe acreditarse que, debido a las secuelas concretas de la enfermedad, requiere una silla motorizada y no simplemente una silla manual.

Apreciada gestante anónima, como estudiante de undécimo grado en Colombia, tiene pleno derecho a continuar y terminar sus estudios, y el colegio no puede expulsarla, suspenderla ni discriminarla por su estado de embarazo. Al respecto, la Corte Constitucional cuenta con una sólida línea de sentencias que protegen de forma especial a las estudiantes gestantes, la cual se complementa con la reciente Ley 2394 de 2024.

Por lo anterior, el colegio o institución educativa no puede obligarla a cambiar de jornada contra su voluntad, ni aislarla, ni imponerle regímenes de estudio semipresenciales o virtuales obligatorios si prefiere asistir a clases presenciales. Cualquier trato desigual basado en el embarazo se presume inconstitucional. Si el manual de convivencia del colegio califica el embarazo como una “falta”, “mala conducta” o causal de sanción, esa norma es ilegal y debe ser inaplicada de inmediato por violar la Carta Política. En ese entendido, la estudiante tiene derecho a que se realicen ajustes razonables en las evaluaciones, horarios y entregas de trabajos para poder asistir a los controles médicos. Además, vale mencionar que cuenta con protección académica garantizada durante la licencia de maternidad posterior al parto.

¡Hasta la próxima!