Editorial.
El gobierno nacional, después de haber sacado adelante la reforma Tributaria, radicó ante el Congreso de la Republica los tres proyectos de Ley más importantes de justicia social que se prometieron en el programa de gobierno, que la mayoría del pueblo colombiano respaldó en las urnas y que procuran profundos cambios en los actuales sistemas de salud, de pensiones y de relaciones laborales.
Estas tres importantes iniciativas ya han sido previamente presentadas, discutidas, y en algunos casos concertadas con partidos políticos y amplios sectores sociales interesados, lo que ha permitido elevar los consensos, ganar legitimidad, agilizar los trámites ante el legislativo y ante todo mejorar y ampliar el contenido de cada proyecto.
En salud se propone que el Estado vuelva asumir la dirección, planificación y administración de este servicio esencial, dejando atrás la intermediación de las EPS, centrando su atención en la prevención y pronóstico anticipado de la enfermedad; instaurar los centros de atención primaria integral resolutiva en salud que tenga cobertura en todo el territorio nacional; impulsar nuevas redes de atención y prestación de servicios de baja, media y alta complejidad; fortalecer las Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud (IPS) dejando en manos de una sola entidad pública - ADRES - la responsabilidad de administrar los recursos públicos destinados atender este servicio.
En materia pensional la reforma busca fortalecer el sistema público de Colpensiones, al cual deberán afilarse los trabajadores con ingresos inferiores a tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes, dejando intacto el sistema de los fondos privados de pensiones para el resto de trabajadores; impulsar la creación de un pilar solidario que permita que tres millones de ancianos de escasos recursos y sin posibilidad de acceder a una pensión del régimen contributivo puedan recibir del Estado una renta básica mensual.
En cuanto al trabajo, el proyecto de reforma busca desarrollar los principios de las relaciones laborales que se encuentran consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política, desde 1991, procurando garantizar la estabilidad laboral; priorizando los contratos a término indefinido; mejorar la cuantía de las indemnizaciones por despido injusto; reestablecer el pago de recargos nocturnos por labores adelantadas después de las 6 p.m, garantizar que quienes trabajan con plataforma digitales tengan contrato de trabajo con todas las garantías de ley, ampliar paulatinamente la licencia de paternidad hasta alcanzar las doce (12) semanas; terminar de una vez por todas los contratos de prestación de servicios para labores permanentes o misionales y proteger los derecho colectivos.
La apuesta por convertir en Ley estos cambios, de ninguna manera será pacifica, por el contrario, ya estamos viendo que estos proyectos de ley son saboteados, tergiversados por los dueños del gran capital que son los dueños de las EPS, de los fondos privados de pensiones y de las grandes empresas que se han lucrado de estos negocios y que por supuesto, también son los dueños de los grandes medios de comunicación, que al unísono defienden los intereses de sus propietarios oponiendo de manera burda y descarada a las grandes reformas sociales que el pueblo viene reclamando hace muchos años.