Editorial.

El mundo se encuentra en una encrucijada marcada por el reacomodo geopolítico y económico de las dinámicas políticas mundiales que inciden en la región, especialmente en Colombia, y lo percibe toda la sociedad con mucha preocupación e incertidumbre. Es innegable que los intereses externos siempre influyen y se reflejan en el escenario nacional, desafiando peligrosamente los pilares del Estado social de derecho consagrado en la Constitución de 1991. En este panorama de inseguridad, donde las instituciones democráticas se ven debilitadas, es fundamental desde el magisterio analizar cómo estos cambios inciden en la vida pública, especialmente en la esfera electoral, y cómo afectan los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos, los del magisterio. Dentro de este contexto a los docentes les corresponde la responsabilidad de atenuar la polarización ideológica derivada del fanatismo que alimenta la corrupción y el clientelismo. La sociedad necesita fortalecer la voluntad popular, la confianza en las instituciones y el sistema, bajo un análisis que permita el debate propositivo para alcanzar reformas estructurales que faciliten políticas orientadas a construir la transparencia pública, la justicia social, la convivencia y la paz.
En lo que compete con los informes de nuestro periódico, uno de los temas que genera mayor expectativa es la posible aprobación del acto legislativo que restablece la mesada 14 que fue eliminada por el Acto Legislativo No. 01 de julio de 2005 considerado como una de las decisiones más controvertidas por el legislador de la época. Esta prestación no representa un privilegio para el Magisterio, es un reconocimiento a la difícil labor que desempeñan los servidores de la educación, obligados y comprometidos a incidir en los cambios integrales que necesita el país. El análisis jurídico no puede desligarse de la dimensión social, política ni económica, así como de los criterios de sostenibilidad financiera, reiterando que no se trata de la creación de una prestación nueva, sino el restablecimiento de un derecho cercenado en contravía del principio de la progresividad laboral.
En el mismo nivel de importancia, se propone el análisis del nuevo incremento del salario mínimo legal, el reintegro de los docentes víctimas del conflicto armado, la problemática de la mora judicial y otros temas de interés compartidos por los abogados de nuestra firma.
Finalmente, se espera que la ley que contiene la reforma del sistema pensional en el estudio que cursa ante la Corte Constitucional no sea afectada en el fondo sobre ciertas modificaciones sensibles con la población laboral, especialmente en los aspectos que tienen que ver con la protección de las personas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad ni con el trato especial para las mujeres en cuanto a la disminución de semanas como protección de género y la condición de maternidad.