Editorial.

La frase que acompaña esta edición es una reflexión que interpela no solo a los gobernantes y dirigentes del país, sino que también invita a los maestros, s y a la sociedad en general, a realizar debates con acciones para un mejor devenir, pues vivimos tiempos difíciles de entender; mientras la ciencia avanza, las guerras y la polarización continúan arrebatando vidas; mientras la tecnología nos permite comunicarnos desde cualquier lugar del planeta, cada vez parece más difícil escucharnos sin agredirnos; y mientras los gobiernos mundiales hablan de progreso, millones de personas siguen luchando por conseguir lo necesario para vivir con dignidad. Debemos entender que las herramientas que hoy en día tenemos son las que generaciones anteriores ni siquiera imaginaban, pero incluso con ellas, aún no hemos aprendido a solucionar los problemas históricos de la humanidad ya que persisten las desigualdades, el hambre y la ambición desmedida por el poder.

En nuestro país la política debería ser el escenario para discutir soluciones a los problemas colectivos, pero miramos sin esperanza cómo los discursos cambian de tono según las circunstancias y conveniencias individuales; es un llamado a no retroceder en los avances democráticos, culturales y sociales obtenidos, es ahí donde la democracia necesita de ciudadanos capaces de preguntar, disentir y exigir explicaciones donde la educación cumple un rol indispensable. Por eso preocupa que la educación aparezca tantas veces en los discursos como una prioridad y que, al momento de traducirlos en acciones, todavía existan deudas con las instituciones educativas, los estudiantes y los docentes.

En esta edición vemos cómo los resultados de las pruebas PISA 2025 vuelven a poner sobre la mesa una realidad social que no podemos seguir aplazando, donde Colombia continúa en un promedio inferior al de los países integrantes de la OCDE y las grandes potencias observan un declive en varias áreas, principalmente en lectura. Esta situación se refleja con mayor fuerza en regiones como la nuestra, donde muchas instituciones educativas enfrentan recursos limitados, falta de docentes, escasos programas de permanencia escolar y barreras de acceso, agravadas en algunos territorios por el conflicto armado. Por ello, hasta lograr equilibrar las brechas sociales, no podemos exigir mejores resultados si el Estado no garantiza las condiciones necesarias para enseñar y, por ende, aprender.

Por otro lado, también se realiza una reflexión sobre la defensa de la dignidad humana ligada a la protección de la libertad de pensamiento, sobre todo en las instituciones de educación superior, las cuales deben seguir siendo espacios donde sea posible cuestionar las decisiones políticas, discutir cualquier tipo de ideas y expresar inconformidades coyunturales sin miedo, teniendo en cuenta que la libertad de cátedra y la autonomía universitaria deben respetar los derechos fundamentales de los docentes, estudiantes y comunidad en general, donde el uso de la fuerza pública debe restringirse en estos espacios de pensamiento.

También dedicamos un espacio a la inteligencia artificial (IA), la cual representa uno de los mayores avances tecnológicos de nuestra humanidad, pero también nos obliga a preguntarnos cuánto estamos dispuestos a delegar de nuestra propia capacidad de pensar a un computador, a una máquina o a un programa; son innegables las tareas que nos facilita esta herramienta, nos amplía el acceso al conocimiento y nos ofrece oportunidades muchas veces desconocidas para algunas personas, como la medicina, el derecho o la investigación; sin embargo, su uso indiscriminado puede convertirnos en personas dependientes de respuestas inmediatas, debilitando el hábito de leer, cuestionar y construir ideas propias, recordando que fue una de las causales del bajo rendimiento del área de lectura en las pruebas PISA antes mencionadas. Por tanto, nos encontramos con el desafío de aprender a utilizarla sin perder nuestra esencia humana.

Finalmente, retomamos algunas novedades relacionadas con la reforma pensional recientemente examinada por la Corte Constitucional y sus posibles implicaciones para el magisterio, donde se analizan las particularidades del régimen pensional docente según la fecha de vinculación, especialmente frente a quienes ingresaron antes o después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, así como la importancia de identificar los derechos que ya se encuentran consolidados. También se explican los artículos que fueron devueltos al Congreso para su trámite correspondiente y algunos de los cambios relacionados con las mujeres, particularmente frente a la reducción de semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez. Aunque esta edición trata diversos temas, todos se relacionan entre sí, donde el objetivo es seguir avanzando como sociedad hacia un mundo cada vez más equitativo, digno y respetuoso de los derechos humanos.