Editorial.

El 15 de mayo se celebró el día del maestro y vale recordar en homenaje a estos servidores del estado, la Corte Constitucional en una de sus sentencias, señaló que, para garantizar el derecho a la educación, también se debe proteger los derechos a la vida, al trabajo y los inherentes a la seguridad social, especialmente de los educadores que enfrentan amenazas en zonas alejadas y de conflicto social.

El magisterio colombiano, históricamente es el pilar del desarrollo social, especialmente en territorios rurales apartados y vulnerables donde el docente, más que maestro, es constructor de valores, mediador, defensor de derechos y, muchas veces, es la única presencia dinámica de la institucionalidad.

Sin embargo, esa responsabilidad no ha venido acompañada del reconocimiento efectivo de sus derechos por parte del Estado. El desempeño de la profesión se presta en condiciones adversas: infraestructura deficiente, riesgos físicos, acoso laboral, presiones administrativas que determinan el deterioro constante en su salud psicosocial; por ello la labor docente no puede seguir tratándose como cualquier empleo público.

Su naturaleza es especial, y como tal debe ser protegida por todos los órganos que componen el estado social de derecho.

Actualmente, en un intento de dignificar los derechos laborales y la salud, el gobierno está impulsado propuestas a través de una consulta popular, donde sea el pueblo el que decida sobre el futuro de estas, enfocadas en materializar la defensa de los derechos fundamentales, incluyendo la construcción de la paz y la protección de la biodiversidad.

Este escenario constituye una oportunidad democrática que debe ser apropiada por el magisterio, no solo como colectivo gremial, sino como fuerza transformadora de la sociedad. La participación de los docentes, como agentes de cambio contiene una obligación, un deber ético y social de inspirar a estudiantes y a la comunidad educativa para que asuman como agentes críticos y activos en la reconstrucción de una sociedad en conflicto causada por las históricas inequidades estructurales afectadas por el impacto de la globalización económica, cultural y política, especialmente en una de las etapas más críticas de la civilización.

Dentro del contexto descrito, fluyen con mucha dificultad reformas que también beneficiarían al sector docente y que tienen que ver con el tratamiento normativo para manejar y solucionar los riesgos propios de la profesión. No se puede desconocer que por la lucha gremial, bien a través de normas o circulares emitidas por el FOMAG se está logrando mejorar el servicio de salud, como por ejemplo el cambio en el reconocimiento de accidentes de trabajo, especialmente de aquellos acaecidos durante el trayecto a los establecimientos educativos, incluyendo, la actividad sindical; recordando que Colombia tiene un alto índice de instituciones en zonas rurales dispersas, con precarios medios de transporte y afectados por la violencia, cuyas víctimas del conflicto también son los docentes.

Por estas situaciones, especialmente, los maestros de las regiones rurales y sectores urbanos en donde campea la miseria estructural y el desorden social también son héroes de la Patria, porque son agentes de la formación de las nuevas generaciones. Ellos, deben ser amparados en el cuidado de su salud y bienestar y capacitados en la utilización de las nuevas tecnologías de la información e inteligencia artificial, como un apoyo esencial y de ninguna manera como su reemplazo, lo cual nos hace recordar un principio básico, la labor pedagógica jamás podrá ser sustituida por algoritmos ni por los robots humanoides. Educar en nuestro país no solo implica enseñar, también compartir con la comunidad, afianzando los valores, la empatía, el dialogo, concertaciones y negociaciones para afrontar la compleja realidad que atraviesa la sociedad.